La Justicia española es percibida por el 95% de los ciudadanos como increíblemente lenta, ineficaz, ininteligible, anticuada y desorganizada, muy lejos de lo que debería ser un servicio público y a años luz de otros servicios públicos como el de la Sanidad o la Educación.
Y esto es así cuando se les pregunta a los ciudadanos, porque cuando los sujetos entrevistados son los usuarios, demandantes o demandados, entonces el barómetro de satisfacción se queda en cero.
Cómo van a quedar satisfechos el ganador o el perdedor de un pleito judicial cuando éste se ha demorado durante años sin justificación aparente y sin que se sepa muy bien en qué se ha gastado ese tiempo.
Soy Héctor Arderíus, pero todos me conocen como Tristán el Subastero.
1. Para empezar, un ejemplo de justicia comparada
La instrucción del juicio del Prestige comenzó en noviembre de 2002 y el juicio oral no comenzó hasta otoño de 2012, tras 10 años de tocamiento de huevos de sus señorías. Y encima tuvieron la desvergüenza de que la vista oral durara otros 8 meses.
Y precisamente estos días acaba de decidir el Tribunal Supremo quién debe hacerse cargo de las indemnizaciones. Estamos en otoño de 2017. Hace 15 años que se hundió el Prestige.
Mientras tanto, tras la explosión de una plataforma petrolífera de BP en el Golfo de México en el año 2010, el juicio comenzó en febrero de 2013 y posteriormente, en 2015, el departamento de Justicia de los Estados Unidos ratificó el pacto por el que la petrolera indemnizaría con 20.800 millones de dólares a todos los afectados por el vertido.
Ambas, la Justicia española y la americana, han resuelto sendos juicios por un accidente con vertido de crudo.
Pero la Justicia española necesitó quince años y la americana apenas cinco.
2. Sigamos comparando a la Justicia española
Y con los delitos económicos la Justicia española tampoco lo hace bien.
El escándalo de Forum Filatélico sacudió España en mayo de 2006 cuando la Audiencia Nacional ordenó la intervención de la empresa por tratarse de una estafa piramidal con un agujero patrimonial de 3.500 millones de euros.
El juicio comenzó el pasado mes de septiembre de 2017…
¡¡¡tras una instrucción de más de 11 años!!!
La fiscalía pide 27 años de prisión para el presidente de la sociedad, 16 años para el director general y 15 años para los cuatro consejeros. ya veremos en cuántos años los deja el tribunal.
Mientras tanto, en los Estados Unidos, el escándalo Madoff, la mayor estafa de la Historia (de 64.800 millones de dólares) se ventiló en apenas 6 meses. En diciembre de 2008 el banquero fue detenido por el FBI y acusado de fraude. En junio de 2009 Madoff fue condenado por un juez federal a 150 años de prisión.
3. Decir que la Justicia española es lenta es quedarse corto
Y esta ha sido la duración de algunos de los juicios más famosos de los últimos lustros:
- Juicio por la intoxicación con el aceite de colza: 8 años, desde 1981 hasta 1989
- Juicio por los GAL: el asunto se empezó a instruir en 1983 y las últimos sentencias fueron en 1998, total 15 años.
- Juicio por el caso Banesto: 9 años.
- Juicio por la estafa de Gescartera: 7 años.
Cada vez que oigo a algún portavoz del Consejo General del Poder Judicial defendiendo a la Justicia española y sosteniendo, contra toda evidencia, que los jueces se hinchan a trabajar y que la mayoría de ellos incluso se lleva el trabajo a casa para continuarlo por la noche, cada vez que oigo semejante barbaridad me pongo enfermo.
Quien quiera creer que los ciclópeos plazos judiciales de la Justicia española se deben a la sobrecarga de trabajo es que, o no ha pisado un juzgado en su vida, o se ha puesto deliberadamente anteojeras progres para no ver que lo que aquí están fallando son las personas, que por un lado tienen el contrato blindado de por vida, tanto si lo hacen bien como si su labor es un desastre, y por otro lado, son un poder del Estado, lo que les coloca por encima del bien y del mal.
4. La Apertura del Año Judicial
Durante la primera quincena de septiembre la Justicia española se pone de tiros largos para celebrar con mucho boato el el inicio del llamado Año Judicial. Se trata de una ceremonia muy solemne en la que intervienen el Rey, el presidente del Tribunal Supremo, el Fiscal General del Estado, y las más altas magistraturas del Estado.
Pues yo opino que en vez de tanta solemnidad y boato, lo que deberían hacer estos señores es mostrarse postrados de rodillas, con la ropa echa jirones y cubiertos de ceniza y de tal guisa recorrer las calles aledañas al Tribunal Supremo.
Y además, acompañados por los cien o doscientos jueces y secretarios judiciales que peor lo hayan hecho durante el año precedente, éstos semidesnudos y con el rostro oculto por un vergonzante capirote. Ah y con todos los jueces decanos de España de la misma guisa.
Y para rematar el escarnio, también debería permitirse que los ciudadanos les tiráramos tomates a su paso. Y lo que sería la monda es que esta ceremonia saliese en los telediarios de Japón para que cada año nos visitasen más japoneses, todos bien cargados de tomates para sus señorías.
Y es que esta gente, por encima del bien y del mal, vive de espaldas al ciudadano y semejante choque de realidad podría hacerles mucho bien. Solo así podrían interiorizar el increíble que daño que le están causando a la sociedad con su incompetencia inasequible al desaliento y el profundo desprecio que sentimos los ciudadanos por tan desprestigiados personajes.
¿Y cómo ha llegado la Justicia española a esta situación?
Lo cierto es que lo ignoro, pero quizás tenga algo que ver el hecho de que los jueces sean un poder del Estado. Un poder aparte. Un poder que no tiene que rendir cuentas ante nadie. Así, se han ido poco a poco acostumbrando a que sus tremendos errores no les acarrean consecuencias negativas.
Y una cosa ha llevado a la otra hasta terminar en el estercolero actual.
5. ¿Seguro que los retrasos no se deben a la sobrecarga de trabajo?
Seguro segurísimo.
El problema es, hablando mal y en plata, que en los juzgados, desde el agente judicial que acaba de incorporarse, hasta el juez, pasando por los secretarios judiciales, ahora llamados rimbombantemente Letrados para la Administración de Justicia, todos ellos se tocan los huevos a dos manos.
Y ya está, no hay otra explicación.
Si no, cómo se explica que en un juzgado de los más atascados de España, cuyos funcionarios tienen una media de cinco a ocho meses para proveer un escrito, haya uno de ellos que esté al día.
¿No será que este hombre es el único que no se ha dejado llevar por la molicie imperante en su juzgado?
En ese juzgado en el que estoy pensando y que los subasteros madrileños conocemos muy bien, los escritos que se presentan tardan entre cinco y ocho meses en ser proveídos, es decir, leídos y atendidos por el funcionario tramitador y el secretario judicial.
Ahora bien, que uno de los tramitadores de ese mismo juzgado esté al día y provea los escritos según le van llegando… ¿eso no significa nada?
¿Cómo es posible que en ese juzgado tarden de doce a dieciocho meses en entregar el testimonio de los decretos de adjudicación cuando en el juzgado vecino tardan entre unos cuatro meses?
¿Eso tampoco significa nada?
Ambos juzgados reciben el mismo número de demandas al año.
Pero uno de ellos marcha como la seda y el juzgado vecino es un agujero negro judicial.
Y el caso es que la divergencia entre ambos juzgados comenzó cuando cambió la secretaria judicial de uno de ellos, que fue sustituida por la secretaria más funesta que pudo encontrarse, que comenzó a acumular retrasos poniendo a uno de los mejores juzgados de España en la cola en apenas un par de años.
Esto que estoy contando lo he visto yo mismo con estos ojos que se han de comer los gusanos.
Y después de ésta incompetente vinieron otros y otras secretarias judiciales que se mostraron incapaces de encauzar las cosas, de forma que llegó un momento en que incluso perdieron interés en hacerlo.
Simplemente se acostumbraron a la situación.
¿Cómo es posible que un juzgado que marchaba estupendamente cambie radicalmente y comience a acumular retrasos por el simple recambio de su secretario judicial?
6. Visto un juzgado incompetente, vistos todos
Cuando entras en uno de los pocos juzgados buenos el ambiente es siempre el mismo. Los funcionarios trabajan en silencio, cada uno a lo suyo, todo está ordenado, te tratan con respeto y tienes acceso al secretario si así lo solicitas.
En cambio produce vergüenza ajena visitar los juzgados que acumulan los mayores retrasos. En ellos hay varias conversaciones cruzadas, la mitad del juzgado está vacío porque los empleados se van a desayunar en grupo, te tratan a patadas y es imposible que el secretario te atienda.
Los usuarios habituales de la Justicia estamos más que acostumbrados al maltrato de estos tipejos avinagrados, holgazanes e incompetentes.
Es que el rendimiento no es el mismo cuando se está atento a la pantalla del ordenador centrado en el trabajo que cuando se está simultaneando éste con las dos o tres conversaciones cruzadas que suele haber entre los empleados.
Ah, que lejanos aquellos buenos tiempos en que España iba bien y apenas había conflictividad judicial por haber disminuido el número de morosos.
Llegó un momento en que los funcionarios de los Juzgados de Primera Instancia apenas tenían carga de trabajo. Pero aquellos vientos trajeron estos lodos. Los funcionarios se adaptaron rápidamente a aquella buena vida y bajaron la productividad a mínimos.
Luego llegó la crisis, la gente dejó de pagar sus deudas y la conflictividad judicial resucitó. Y ahora que el número de demandas se ha disparado resulta que las tienen que tramitar funcionarios judiciales cuya productividad tiende a cero porque han perdido la costumbre de trabajar.
7. La Justicia española, los legisladores y el interés de los ciudadanos
Y lo alucinante es que a las autoridades judiciales se les hace el culo Pepsicola cuando habla de las garantías procesales en España, mencionando que son las mayores del mundo occidental, jactándose de que aquí se preservan los derechos más que en cualquier otro sitio.
¿Y eso le interesa a los ciudadanos?
Los que pagamos nuestras deudas queremos que cuando no se nos paga a nosotros, que se le requiera al deudor y que si no es capaz de argumentar en unos días el motivo de su impago, que el juzgado dicte orden de embargo y alguna de sus propiedades se venda forzosamente en una o dos semanas.
Eso es lo que queremos.
O que si el inquilino moroso no es capaz de acreditar en unos días que realmente ha pagado su mensualidad de alquiler, el juzgado le desaloje en una semana.
Y nos importan una higa lo derechos procesales del deudor si los mismos alargan el proceso cinco años.
¿Y qué hacen nuestros amados legisladores?
Pues cada vez lo empeoran más.
Cada reforma legislativa trae nuevos derechos procesales
para los incumplidores y los delincuentes
y menos garantías de cobro rápido para los acreedores y las víctimas.
Por ejemplo, hace unos años bastaba con que un vecino del edificio del demandado firmara la notificación al demandado y se hiciera responsable de hacerla llegar al destinatario para que la notificación fuera considerada bien hecha.
Posteriormente, nuestros amados legisladores reformaron la legislación en el sentido de hacer imprescindible que la notificación debía recibirla directamente el destinatario para darla por buena. Resultado, que los expedientes judiciales se eternizan aún más que antes.
8. Y de las resoluciones judiciales mejor no hablamos
Será mejor correr un tupido velo sobre la calidad de las resoluciones de los jueces porque si bien es cierto que estos señores demostraron en su día que merecían un sobresaliente en memoria, sin embargo muchos de ellos sacan todos los días un muy deficiente en sentido común.
Y ni mencionar que existe un grupito de «Jueces para la Demagogia» -los jueces más sectarios e ideologizados de Occidente-, que hartos de trabajar con el corsé de las Leyes, han decidido seguir sus propios dictados y entrar de lleno en la elaboración de las mismas.
Y el problema no son solo las resoluciones de los jueces sino en general la incompetencia judicial generalizada.
En fin, que será mejor pasar de puntillas sobre este espinoso asunto,
9. Conclusión, que la Justicia española no funciona
La Justicia española es un lastre para nuestra economía. Los que nos dedicamos a los negocios lo sabemos bien.
Necesitamos un sistema judicial capaz de dar respuesta en unos pocos meses a cualquier desencuentro legal.
No me refiero a las grandes demandas civiles como las mencionadas al principio del post, tipo el caso del Prestige, el caso Madoff o Forum Filatélico, sino a los pleitos pequeños y medianos, que podrían resolverse en semanas o meses porque las pruebas son aplastantes (letras firmadas, escrituras de hipoteca, etc.) pero cuya resolución se demora más de cuatro años la mayoría de las veces.
Yo he sufrido procedimientos judiciales en los que a pesar de que el demandado se allanó a la demanda desde el principio, no hubo resolución judicial hasta pasados más de veinte meses. De hecho ahora mismo estoy sufriendo uno de ese tipo.
¿Cuántos acreedores legítimos se ven obligados a cancelar sus deudas por la mitad del principal porque saben que eso es mejor que meterse en un pleito de varios años tras el cual se colocarán, en el mejor de los casos, como el último de los acreedores embargantes?
Este es el pan nuestro de cada día de los que hacemos negocios en España.
Hay abogados que se han especializado en llegar a acuerdos que eviten el pleito a costa de que el acreedor se conforme con cobrar solo una parte de lo adeudado.
Muchos morosos profesionales viven de eso, sabiendo que al final solo van a tener que pagar una parte de sus deudas.
Existen estudios sobre el lastre que eso supone para la economía española y el resultado es acojonante.
«Para hacer negocios en España
hay que tener muy en cuenta
que la Justicia española no funciona»
Solo en el mercado del alquiler de viviendas, a pesar de los benéficos cambios legislativos habidos respecto a los desahucios en los últimos años, se calcula que más del 90% de los potenciales arrendadores prefieren cerrar sus casas que exponerse a los peligros de arrendar su vivienda.
Por cierto, que muchos secretarios judiciales y jueces se las han arreglado para que esos cambios legislativos que acabo de mencionar y que afectan a los desahucios por impago del alquiler, queden en nada porque no se aplican en sus juzgados.
Son así de cachondos (los muy hijoputas).
Cuando un moroso le dice a su acreedor que o se conforma con cobrar la mitad de lo adeudado o va a estirar el pleito lo más posible, está abusando de la ley y aprovechándose de la incompetencia judicial española.
Cuando un inquilino moroso le dice a su arrendador que o le perdona los quince meses que lleva sin pagar o le deja la vivienda hecha un erial, está abusando del desastre judicial español.
Por no mencionar el sangrante problema de los okupas.
Porque la incompetencia judicial trabaja para los malos.
No lo olvidemos.
Y no solo en sentido figurado.
Los usuarios habituales de la in Justicia española sabemos que si el juez o el secretario judicial tienen la mínima oportunidad de favorecer con sus resoluciones al moroso, al abusador, al malo de la película, todos sabemos que sin duda lo van a hacer.
Y no hay espectáculo más siniestro que cuando el secretario
judicial pone desde el principio su recto a disposición de la glotonería del villano, porque éste, naturalmente sin los naturales límites que la Ley impone, suele dejarse llevar por su mala naturaleza y da rienda suelta a su bellaquería sin más límite que sus bajos instintos.
10. La solución, quitarle competencias a estos incompetentes
Los pocos lectores que aún me aguantáis sabéis de sobra el poco respeto (y menguante) que me merecen algunos (no todos, ni muchísimo menos) funcionarios judiciales.
De hecho esta no va a ser la primera vez que me muestro partidario de quitarle el trabajo a estos necios y dárselo a los notarios.
Ya he comentado varias veces que soy un convencido de la necesidad de ir poco a poco quitando responsabilidades a los juzgados y transferirlas a las notarías, los registros de la propiedad, etc.
A quien sea con tal de que no sea funcionario de Justicia.
Porque realmente todo lo que tocan sus señorías, desde un divorcio hasta una testamentaría, lo convierten de inmediato a un agujero negro sin volumen espacio temporal, que lo mismo puede resolverse en un año que en cinco. Sin que nadie sea capaz de explicar en qué se ha gastado exactamente tanto tiempo.
Así que, quitémosles competencias y a otra cosa mariposa.
11. Pero… ¿tiene arreglo la Justicia española?
Hasta aquí he resaltado la importancia de tener un sistema judicial con sentencias previsibles y rápidas. El problema es cómo conseguirlo.
Que sí, que actualmente hay sobrecarga de trabajo, eso no lo discute nadie, pero el problema del atasco es de recursos humanos. Pero no de recursos humanos en el sentido de aumentar el número de empleados sino de incentivarles más y mejor.
A estas alturas y tras las críticas vertidas en este artículo, supongo que a nadie le extrañará si afirmo que la reforma estructural más importante de las muchas que necesita este país es precisamente la reforma de la Justicia.
Y la solución la tenemos delante de nuestras narices.
¿Acaso no funciona fabulosamente bien
el sistema de Notarías y Registros de la Propiedad?
Cualquier comparación entre la productividad de un juzgado -de cualquier juzgado- y el de las notarías o los registros de la propiedad solo puede tratarse de un mal chiste. Solo hay que darse una vuelta por cualquier notaría para ver la eficacia con la que están organizadas y cómo funcionan como un piano recién afinado.
El motivo es muy sencillo: allí nadie es funcionario.
En las notarías mantener sus puestos de trabajo depende de que las cosas funcionen bien, de que el trabajo salga a tiempo y de tratar bien a la clientela para que funcione el boca a boca
Mi propuesta es replicar en la administración de justicia exactamente el mismo sistema que ya existe en las notarías. Así, cada juez, una vez aprobada la oposición y designado el juzgado en el que ejercerá sus funciones, contratará a un Letrado para la Administración de Justicia de entre los que también tengan aprobada su oposición, tanto si la acaba de aprobar como si ya está ejerciendo en otro juzgado.
Y también tendrá que contratar a los empleados judiciales, que será mejor que NO sean funcionarios. Es imprescindible que el juez tenga la capacidad y la libertad de contratar a quien desee y de despedir a quien no funcione correctamente.
La Justicia es algo muy serio como para dejarlo en manos de cualquiera.
Por eso es importantísimo que los empleados de los juzgados NO sean funcionarios públicos. Si los empleados de las notarías y los registros de la propiedad hacen un estupendo trabajo sin ser funcionarios, qué necesidad tenemos los ciudadanos de que el trabajo de los juzgados sea llevado a cabo por funcionarios.
¿Y qué hacemos con los actuales funcionarios judiciales?
No lo se, pero lo menos dañino para la sociedad sería enviarles a su casa con el sueldo íntegro. Cualquier ministerio al que se les destinase lo acabarían pudriendo y contaminarían a sus nuevos compañeros de trabajo con su incompetencia y negligencia proverbiales.
A ver, Tristán… ¿Estás proponiendo introducir criterios de rentabilidad y de beneficio en un servicio público?
Por supuesto,
¿quién no querría ver a la Justicia o a cualquier otro servicio público regido por criterios de excelencia?
¿Quieres privatizar la Justicia? ¿cobrar a los ciudadanos?
Quiero introducir criterios de rentabilidad y eficacia y si eso significa privatizar la Justicia española, entonces sí, quiero privatizarla. Pero en realidad no haría falta cobrarle a los ciudadanos ni un euro, más allá de que al final son ellos quienes lo están financiando todo vía impuestos.
Quien seguiría pagando las facturas sería el Estado, solo que no lo haría a ciegas y a lo loco y sin criterios de calidad, como hasta ahora, sino que solo pagaría por sentencias firmes. Así muchos juzgados partidarios del ejercicio alternativo del Derecho y de la creatividad en las sentencias judiciales se lo pensarían mucho antes de dictar resoluciones desatinadas y destinadas a ser apeladas ante instancias superiores.
Lo que propongo es que se calcule el coste actual que tiene para el Ministerio de Justicia cada sentencia dictada por los Tribunales y que el coste medio sea el precio que la Administración pague al juez por cada demanda.
Pero ojo, solo cuando la sentencia sea firme, haya sido ejecutada y se pueda archivar.
De esta forma, si la sentencia es recurrida y tumbada en segunda instancia, será esta segunda instancia quien cobre el precio pagado por el Estado, quedándose el juez de primera instancia con un palmo de narices. Así aprenderá que la Judicatura no está para sus gilipolleces sino para aplicar estrictamente la Ley.
Por el contrario, si la sentencia de primera instancia es confirmada, entonces el precio lo cobra el primer juez y los honorarios del juzgado de segunda instancia los paga el recurrente, que así aprende que recurrir por recurrir y para dilatar los procedimientos no sale gratis.
¡¡Oh, gran Manitú, el Tristán éste es un máquina
y acaba de dar con la solución al problema de la Justicia española!!
Actualmente, con el estado actual de la in Justicia española, es casi imposible predecir qué sentenciará un juzgado de Primera Instancia, pero las Audiencias Provinciales están para poner las cosas en su sitio aplicando correctamente la Ley. Por eso, con la reforma que estoy proponiendo se acabarán las sentencias estúpidas porque al juez juguetón le pueden suponer no cobrar por el trabajo realizado.
Lo cual está muy bien, porque es lo que nos pasa al resto de los mortales cuando nuestro trabajo es defectuoso.
Y si el juez no cobra por el trabajo realizado por el juzgado, con qué dinero le pagaría entonces el sueldo a sus empleados.
Con la reforma de la Justicia española que propongo los jueces de Primera Instancia tendrían que ajustarse a Derecho, con lo que las apelaciones a tribunales superiores disminuirían y las sentencias serían firmes mucho antes.
Por favor, querido lector y amigo, medita sobre esta propuesta con pragmatismo y desprovisto de anteojeras ideológicas, pensando solo en su potencial eficacia y en si al final los ciudadanos saldremos o no beneficiados con la reforma. Olvídate de ideologías y politiqueos. Piensa solo en tu interés como ciudadano usuario de un servicio.
Y a los que os de grima la palabra privatización, no la utilicéis para describir esta reforma porque con la misma el ciudadano no va a tener que pagar cuando pida justicia. Al revés, sus derechos se van a ver incrementados con una resolución más rápida de sus conflictos judiciales.
El objetivo no es disponer de un pesebre en el que dormiten docenas de miles de funcionarios judiciales sino disfrutar de verdad de una Justicia verdadera y rápida, sin detenerse en politiqueos.
El resto son monsergas.
Y ahora, querido amigo lector, si has llegado hasta aquí es porque el post ha sido de tu interés. Por lo que te pido que tanto si estás de acuerdo con el contenido de mis críticas y con mis propuestas de reforma como si te han parecido insultantes para la Justicia española y demasiado neoliberales, pinches en los iconos de ahí abajo para que en tus redes sociales también tengan la oportunidad de conocerlas.
